diciembre 15, 2008
En el mundo hay más guerras que hace un año
El Instituto de Investigaciones sobre Conflictos Internacionales de Heidelberg supone que la llegada de Obama a la presidencia de EU llevará a una merma de los enfrentamientos bélicos.
DPA. 15 de diciembre de 2008.
Heidelberg, Alemania.- El mundo sufrió este año un fuerte aumento de guerras y conflictos armados, señala el informe anual del Instituto de Investigaciones sobre Conflictos Internacionales de Heidelberg, en Alemania, dado a conocer hoy.
“El mundo se ha vuelto en 2008 más conflictivo que el año pasado, cuando se vivió un período sensacionalmente pacífico si lo comparamos con la media histórica”, constató Lotta Mayer, la directora del barómetro anual que publica el instituto.
Así, en 2008 se contabilizaron nueve guerras, por seis en 2007, con la gran novedad de que Europa volvió a ser escenario de un enfrentamiento bélico, entre Rusia y Georgia.
También hubo un incremento, de 26 a 30, de los conflictos armados, que según las categorías utilizadas por el instituto son enfrentamientos que no llegan al nivel de una guerra.
En esta categoría se encuentran los dos únicos conflictos que sacuden a América Latina: el enfrentamiento de la guerrilla de las FARC con las Fuerzas Armadas en Colombia y la guerra entre policía y narcotraficantes en México.
Los investigadores suponen que la llegada de Barack Obama a la presidencia de Estados Unidos llevará a una merma de los enfrentamientos bélicos, ya que “seguramente adopte una vía más diplomática que su antecesor”.
Sin embargo, las guerras iniciadas por George W. Bush en la lucha contra el terrorismo, en Irak y Afganistán, seguirán existiendo aún “mucho tiempo, porque no se puede acabar rápidamente con ellas”, señala el informe.
Según el estudio, de las nueve guerras de 2008, una fue en Europa (entre Rusia y Georgia), tres en África (Sudán, Chad y Somalia), dos en Asia (Sri Lanka y Pakistán) y tres en Oriente Medio (Afganistán, Irak y Turquía).
noviembre 30, 2008
La reforma del Estado y la Constitución
Por Arnaldo Córdova
La Jornada. Domingo 30 de noviembre de 2008.
Hace unos días, Porfirio Muñoz Ledo dio un informe acerca del estado que guarda el debate político sobre la reforma del Estado. Aunque hay algunos avances que no son deleznables, deprime darse cuenta de que tras años de intentos por definir los grandes temas de esa reforma, una y otra vez, todos han acabado en miserables simulaciones que no han hecho otra cosa que escamotear los más sencillos acuerdos y escurrir el bulto a un debate a fondo. Lo que se ve, sin más, es que a nadie le interesa de verdad esa reforma y que todos gozan haciéndose tontos tratando de dar la impresión, en cambio, de que están muy atareados en la faena.
Lo que más a menudo se alega para relegar al infinito cualquier acuerdo es siempre el mismo: para hacer eso habría que reformar la Constitución y, al parecer, nadie quiere tocar la Constitución, aduciendo, además, verdaderas patrañas sin sentido como aquella de que sería una bronca convocar a un Constituyente. Se trata de una auténtica idiotez, porque todo buen jurista sabe que para reformar la Carta Magna no hace falta convocar ningún Constituyente. Se dice que hay “principios” que son intocables y se habla de la forma de gobierno, de las garantías individuales, de la forma republicana de Estado y otras cosas semejantes.
Yo quisiera que alguien, con la Constitución en la mano, me señalara en dónde nuestro máximo código político ordena que esos “principios” jamás se deben tocar. Los más eminentes de nuestros constitucionalistas siempre lo dijeron, pero jamás nos dieron una sola razón que apoyara sus opiniones. Rabasa, Tena Ramírez, Mario de la Cueva y todos los que les siguieron lo postularon sin tregua, con el mismo resultado: “No se deben cambiar”, ¿por qué?, pues quién sabe. Todos ellos estaban equivocados. Lo que estatuye el artículo 135 constitucional no está acompañado de prohibición o excepción alguna.
Dice dicho artículo: “La presente Constitución puede ser reformada o adicionada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas”. Por lo que puedo ver, no dice que haya artículo alguno que no pueda reformarse. Y, por lo demás, ningún artículo de la Carta Magna nos dice que no puede ser reformado.
Y, por si alguna duda quedara al respecto, tenemos el contenido del artículo eje de todo nuestro orden constitucional e institucional, el 39, que siempre recordaré y que a la letra dice: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho a alterar o modificar la forma de su gobierno”. Si es verdad que tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno, ¿qué nos impide que llevemos a fondo todas las reformas del Estado que la nación necesite y que sean para su progreso y su beneficio?
¿De dónde sacan algunos, entonces, la peregrina idea de que hay instituciones, como la forma de Estado, que resultan intocables? No hay nada intocable en nuestra Carta Magna, nada, excepto el 39. Ese precepto fundador es, en sí, nuestra Constitución, y sin él, ni siquiera el 135 tendría sentido. La Constitución no es ningún obstáculo para que llevemos a cabo una reforma a fondo y hasta el final del Estado. Creo que es ella misma la que la está reclamando, por ejemplo cuando estatuye las facultades del Ejecutivo, que iban bien para la época en que el PRI era hegemónico, pero que ahora resultan obsoletas. La Constitución pierde su majestad y su prestigio cuando se vuelve obsoleta. ¿Por qué demonios quieren algunos que siga como una mortaja intocable que cada vez le sirve menos a la nación y a su pueblo?
No creo que haya misión tan imposible como convocar a un Constituyente. Los partidos deben entender que no tienen por qué meterse en el espantoso dilema de concertar acuerdos para dicha convocatoria, cuando muy bien y de mejor modo lo pueden hacer en corto, simplemente aplicando el procedimiento, sencillo como pocos otros, que prescribe el 135.
Aun así, sus voceros insisten en que el camino seguirá estando minado, porque será terriblemente difícil ponerse de acuerdo en qué es lo que debe reformarse. De acuerdo. Entonces, lo que nos están diciendo es que no quieren, en absoluto, una auténtica reforma del Estado. Pues, en esas condiciones, no habrá modo alguno de llevar a cabo la tarea. Los partidos no quieren la reforma del Estado. No podía estar más claro. Lo que me pregunto es por qué siguen jugando a la farsa de reformar el Estado, cuando no quieren hacerlo. Es inútil que aleguen que cada uno quiere algo diferente. Por supuesto que todo mundo quiere siempre algo diferente a los demás, pero es el caso que ni siquiera son capaces de decir qué es lo que quieren. No debería extrañarnos. En la lucha política moderna siempre se descubre que los más conservadores y miedosos son los partidos políticos.
Un viejo amigo mío me dijo que le oyó a Jean Paul Sartre decir varias veces: “Las putas más veleidosas y antojadizas que podemos encontrar en la vida son los partidos políticos”. Creo que todos podríamos coincidir en eso. Es precisamente en ello que radica entre nosotros la razón de las dificultades que parecen ser insuperables de una verdadera y auténtica reforma del Estado.
Todos la queremos y todos sabemos que nos es necesarísima e indispensable para seguir adelante en todos nuestros proyectos nacionales. Pero eso no es lo que piensan los partidos políticos y, menos aún, sus dirigentes y sus voceros, desde los parlamentos. Yo he platicado con muchos representantes de todos los partidos políticos y todos me hacen siempre argumentaciones tan especiosas y tan diluidas, que lo primero que pienso es que no quieren que nada se mueva, porque para ellos, todo lo que se mueve es peligroso y sospechoso. Mejor que todo siga como está, parece ser su convicción (perredistas incluidos).
En próximas entregas seguiré con el tema, pues hoy es obligado.
julio 5, 2008
Entrevista: José Antonio Crespo • Investigador
“La elección de 2006 debió anularse”
Por Juan Pablo Becerra-Acosta M.
El académico del CIDE afirma que no hay evidencia de fraude en los comicios presidenciales de hace dos años, pero sí inconsistencias que generan incertidumbre.
Milenio (México). 05 de Julio de 2008.
En términos de religión política, durante la elección de 2006 y sus cruzadas poselectorales, México no se dividió en dos grupos, sino en tres: había aquellos que profesaban la creencia del fraude, pero no daban pruebas contundentes de tal aparición; existían otros que sermoneaban sobre la inmaculada infalibilidad electoral, pero se negaban a recontar los votos porque temían el advenimiento del demonio de la anulación, y había unos más, los agnósticos, quienes pensaban que por lo cerrado de la elección (234 mil votos, 0.6 por ciento de diferencia), habida cuenta de las inconsistencias en los resultados de las actas, no se sabía con certeza quién había ganado: Felipe Calderón o Andrés Manuel López Obrador.
José Antonio Crespo, académico y politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas, se ubica entre estos últimos, los que rechazan los absolutos. Fue por sus dudas sobre lo ocurrido hace dos años que se dedicó a investigar y desmenuzar lo asentado en las actas de escrutinio de 150 distritos de un total de 300. Y con ello quiso indagar qué fue lo que realmente ocurrió con la votación. El resultado de sus pesquisas y análisis se encuentra en un libro que recién publicó, al que le puso un título elocuente: 2006: hablan las actas, al que agregó un subtítulo académico: Las debilidades de la autoridad electoral mexicana (Editorial Debate).
Se trata hasta ahora de la única investigación con documentos oficiales sobre el controvertido proceso electoral de 2006. ¿Qué halló y qué no encontró Crespo, el profesor de la Facultad de Estudios Políticos del CIDE? Esto:
—Que en las 117 mil actas que captó el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) —sobre un total de 130 mil que hubo en la elección— había dos millones y medio de votos irregulares.
—Que 64 por ciento de las 130 mil actas (83 mil) tenían inconsistencias aritméticas, de acuerdo con un estudio del IFE.
—Que no había un sesgo a favor de Calderón o en perjuicio de López Obrador. O a la inversa.
—Que ni en el PREP ni en las actas había evidencias de un fraude orquestado.
—Que, sin embargo, en las actas que revisó, cerca de 65 mil de un total de 130 mil, y al depurar los 2.5 millones de votos irregulares del PREP, quedaron 315 mil votos irregulares (poco más de 0.75 por ciento del total), superiores a los 234 mil sufragios (0.6 por ciento del total) con que ganó Calderón.
—Que en una proyección estadística, esos 315 mil votos se convertirían en 600 mil sufragios en los 300 distritos.
—Que de acuerdo con la legislación electoral vigente en ese momento, el IFE tuvo que haber abierto paquetes electorales correspondientes a 64 por ciento de las actas y no sólo 11 por ciento, como ocurrió.
—Que el Tribunal Electoral, para transparentar la elección, debió haber abierto paquetes de 83 mil actas con inconsistencias y no únicamente 12 mil, como hizo.
—Que al no haber dado el tribunal certeza sobre el resultado, debió anular la elección.
***
—¿Por qué decidió investigar?
—Nunca me convenció la tesis del fraude. Ninguno de los elementos que presentó el PRD me convenció, salvo este de que las irregularidades podían superar la diferencia entre el primero y segundo lugares, lo cual en sí mismo no confirmaba que hubiera fraude, porque las inconsistencias se pueden cometer por error o dolo. Sin embargo, me parecía muy aventurado decir que con 0.6 por ciento de diferencia se podía saber, sin sombra de dudas, que Felipe Calderón había ganado si había tantas anomalías e inconsistencias en las actas. El margen de captación de error fue de 1.5 por ciento, similar al de 2000, lo cual no es un problema cuando ganas por siete puntos, como le sucedió a Vicente Fox en ese año, pero sí lo es cuando ganas por 0.6 por ciento, como en 2006.
El experto en temas electorales aclara: —No son indicadores de fraude las actas con inconsistencias, pero sí lo son de incertidumbre si no se depuran debidamente, como ocurrió. Y eso se puede hacer sólo con un recuento amplio de paquetes electorales. Había que transparentar y arrojar certeza sobre el resultado.
Crespo, investigador sobre los sistemas democráticos, cuestiona a las instituciones electorales:
—El propio tribunal, en su fallo, le dice al IFE: “oye, de acuerdo con el Cofipe, tenías que haber abierto en tu cómputo distrital todos estos paquetes para depurar, porque el resultado es muy cerrado”. Era de oficio para el IFE hacerlo, como le dijo el tribunal. Además, el propio tribunal podía reponer ese procedimiento o bien ordenar al IFE que lo repusiera con presencia del tribunal. Hay jurisprudencia del tribunal en ese sentido: cuando estés en situación extrema y por el procedimiento normal no puedas alcanzar certidumbre, abre los paquetes que haga falta para alcanzarla. Pero no quiso el tribunal. Sí podía, pero no quiso.
—¿Halló evidencia de fraude?
—En las actas no. Sólo de errores que uno no sabe por qué se cometen. La ley dice que esas inconsistencias, sean por error o por dolo, tú como tribunal debes saber porqué están ahí. Si como tribunal tú no logras saber por qué están ahí, y no las logras justificar y depurar, afectas la incertidumbre aunque no tengas muestras de que hayan sido por dolo. Queda la duda: a lo mejor fueron por dolo, a lo mejor no. A lo mejor unas sí, y otras no. Si sumamos mal los mexicanos y son errores humanos, se puede depurar abriendo. Y si son dolosos, también…
—¿Qué nos deja a los mexicanos su libro?
—Que en las actas no hay pruebas de fraude, pero sí hay evidencia, en documentación oficial consignada en las actas, que hay inconsistencias. Éstos no son cálculos, no son encuestas, no son estadísticas, no es el PREP; las actas son el único documento de donde puede emanar el resultado oficial, y registran un número de irregularidades superior a la ventaja de Felipe Calderón. Por lo tanto, oficialmente nos impiden saber por quién votó la mayoría del electorado. Las actas no permiten saber quién ganó.
—Para una democracia que se estaba construyendo con tanto esfuerzo… —le dejo la frase inconclusa y él la completa:
—Es un golpazo. Un golpazo. Un retroceso en mucho de lo que habíamos ganado a lo largo de 15 o 20 años. Habíamos ganado un buen nivel de credibilidad en las instituciones y buena parte de eso se viene para abajo. Para recuperar esa credibilidad después de lo que pasó es muy complicado, muy difícil…
—¿Cuál es su reflexión final?
—Una decepción enorme… Se descuidó lo que ya teníamos avanzado en democracia electoral, que no era poco para este país con nuestra historia de fraude. Lo que habíamos logrado entre el 94 y el 96 y hasta 2000 lo perdimos en poquísimo tiempo, y para recuperarlo va a costar mucho trabajo. Cuando la confianza se pierde es muy difícil recuperarla… Descuidaron, descuidamos, nuestra democracia, concluye Crespo, el agnóstico de 2006.
Las cifras
Evaluación documental
150
Distritos donde revisó actas
315 000
Votos irregulares
234 000
Sufragios por los que ganó Calderón
600 000
Votos inconsistentes en los 300 distritos
64%
Actas con inconsistencias
