noviembre 21, 2009
La imprescindible ética del gobernante
La corrupción corroe los cimientos de la democracia. La partitocracia y su financiación, la profesionalización de la política y el transfuguismo son algunas de sus principales causas. Es necesario un rearme moral
JOSÉ MANUEL URQUIZA MORALES. EL PAÍS (ESPAÑA) 21/11/2009.
La corrupción, en mayor o menor grado, ha existido siempre en el ámbito de la gestión de los asuntos públicos. En todos los tiempos, sistemas políticos, culturas y religiones. El fenómeno es global. Al parecer, las graves penas establecidas ya en el Código de Hammurabi contra los gobernantes corruptos no han devenido eficaces. Cicerón forjó su carrera política denunciando la corrupción de Verres. En la obra Breviario de los políticos, del cardenal Mazarino, se destaca el capítulo “dar y hacer regalos”: relevantes ministros de la monarquía francesa de 1700 fueron grandes depredadores. El comercio mundial se desarrolló en el siglo XVII bajo la bandera de las comisiones ocultas. Hasta el Estado Vaticano se ha visto envuelto en algún asunto de corrupción (verbigracia, el cardenal Marzinkus y el Banco Ambrosiano).
La corrupción política, entendida como utilización espúrea, por parte del gobernante, de potestades públicas en beneficio propio o de terceros afines y en perjuicio del interés general, es un mal canceroso que vive en simbiosis con el sistema democrático, a pesar de ser teóricamente incompatible con el mismo, y que debe preocupar muy seriamente a todos los demócratas, ya que corroe los cimientos de la democracia, en tanto que elimina la obligada distinción entre bien público y bien privado, característica de cualquier régimen liberal y democrático; rompe la idea de igualdad política, económica, de derechos y de oportunidades, pervirtiendo el pacto social; traiciona el Estado de derecho; supone desprestigio de la política y correlativa desconfianza de la ciudadanía en el sistema, desigualdad en la pugna política, violación de la legalidad y atentado a las reglas del mercado.
En España, en los últimos años, numerosos sucesos han puesto de manifiesto que el fenómeno de la corrupción en la gobernabilidad del Estado (principalmente, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos), no es algo coyuntural, sino estructural, que prolifera peligrosamente en las instituciones públicas. Los casos denominados Gürtel, Pretoria, Palma Arena, Palau, Operación Poniente, Operación Malaya, etc., que recorren la geografía nacional, han revelado que muchas Corporaciones Públicas han estado sometidas al poder económico y se han convertido así, crecientemente, en verdaderas plataformas de negocios varios, y de tráfico de influencias; hasta el punto de que hoy se corre el riesgo, cierto, de que intereses de grupos de presión económicos cambien el sentido del sacrosanto concepto del interés general, para inhabilitarlo. Obviamente, no es posible una estadística real de la corrupción, que por definición es oculta; y, de otra parte, como es natural, no todos los mandatarios públicos son corruptos.
En una sociedad abierta y democrática como la española, todos, en mayor o menor medida, somos responsables de la ola de corrupción que nos asola. Los políticos que la practican, promoviéndola o aceptándola; los sobornadores (promotores empresariales), ora causantes, ora víctimas; los partidos políticos, carentes a estas alturas de autoridad moral para combatirla; el estamento judicial (jueces y fiscales), que en muchas ocasiones no ha dado la talla; las instituciones encargadas del control y fiscalización de la actividad administrativa, negligentes casi siempre en su tarea; los medios de comunicación, silenciando o minimizando, a veces, el fenómeno corrupto; la intelectualidad, poco comprometida en su erradicación; la ciudadanía en general, tolerante en exceso con el político corrupto, quizás porque aún no es consciente de que la corrupción la paga de su bolsillo.
Las causas que propician esta perversión pública son múltiples, a saber: la partitocracia, con sus taras e imperfecciones; la profesionalización de la política, entendida en su peor versión; el fenómeno del transfuguismo; o el deficiente sistema de financiación de las formaciones políticas. Otras, propias del municipalismo, son la crónica insuficiencia de sus recursos económicos; el raquítico régimen de incompatibilidades legales de alcaldes y concejales; la galopante empresarización de los ayuntamientos para huir del Derecho Administrativo; o el deficiente sistema legal de control interno de sus actos económico-financieros.
Pero, por encima de todas ellas, a mi modo de ver, la causa primera de todos los males en el sector público español es la falta de ética pública de muchos de nuestros gobernantes, llegados a la política no por vocación ni espíritu de servicio, ni siquiera por ideología (qué rancios suenan ya estos conceptos), sino por propio interés. En términos generales, ética es el sentido, la intuición o la conciencia de lo que está bien y lo que no, de lo que se ha de hacer y de lo que debe evitarse.
La ética pública ha de ser correlativa de la privada. Mal podrá defender la integridad y la moralidad en el plano público quien carece de ella. Por otra parte, la actuación de cualquiera que realiza una función pública en nuestro país debe estar presidida por la idea de servicio de los intereses generales, que es el principal valor político. El artículo 103 de la Constitución Española -”La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales”- constituye un mandato para autoridades y funcionarios. Los valores clásicos del gestor público (imparcialidad, neutralidad, honradez y probidad) se han de ver complementados hoy con los nuevos valores de eficacia y transparencia, propios de las Administraciones Públicas del siglo XXI.
La corrupción socava la integridad moral de una sociedad. Supone la quiebra general de los valores morales. La corrupción pública, en cuanto supone lucro indebido del agente y su disposición a mal utilizar las potestades públicas que tiene encomendadas, es una práctica inmoral, ante todo; una violación de los principios éticos, sean individuales o sociales.
Algunos analistas consideran que la ética pública ha perdido hoy relevancia social, dada su naturaleza subjetiva. La gran mayoría entiende, sin embargo, que la ética ha de ser el mejor antídoto contra el veneno de la corrupción, y preconiza la necesidad de un rearme ético, de un regreso a los valores antes enunciados. Por eso, se observa últimamente en el mundo una gran preocupación oficial por la ética pública (el reciente Informe Kelly, en Reino Unido, sobre los gastos de los diputados británicos; Recomendación del Consejo de la OCDE, de 1998; Convención Americana contra la Corrupción, de 1996).
La política, que puede ser la más noble de todas las tareas, es susceptible de convertirse en el más vil de los oficios; precisamente porque es una actividad humana y, como tal, defectuosa. Todo el mundo coincide en que la ejemplaridad y la honradez son virtudes que deben presidir la actuación de los políticos, en tanto que escaparate y guía de la ciudadanía.
Pues bien, es la falta generalizada de ética pública de nuestros gestores municipales, por ejemplo, la razón principal del despilfarro del gasto público en los ayuntamientos, del favoritismo en la selección del personal o en la contratación de obras y servicios, de la interesada arbitrariedad en la planificación urbanística, de la negligencia en la gestión del patrimonio municipal o de los frecuentes cambalaches en la composición de las mayorías de gobierno. Es a partir de la ausencia de moral, o de dignidad en el desempeño del cargo, cuando el alcalde (o el concejal delegado de turno, o el funcionario revestido de capacidad decisoria o meramente asesora), experimenta un total desprecio por el interés general de la ciudadanía y utiliza sus potestades en beneficio particular (propio, de sus allegados o de su partido), orillando los principios constitucionales de eficacia, objetividad, independencia e igualdad, y demás preceptos legales y reglamentarios.
Llegados a este punto, hemos de convenir que ni uno sólo de los gestores públicos que recientemente han sido imputados en nuestro país por prácticas presuntamente corruptas, se distingue precisamente por cumplir los postulados éticos que se han descrito, a tenor de los modos y maneras de su malhadada gestión pública, que hemos conocido con todo detalle por las oportunas crónicas mediáticas sobre causas judiciales en marcha. Se diría más bien que utilizan la política como medio de vida y, según se ha visto, como negocio (primun vivere, deinde filosofare). La falta de ética pública de esos políticos es, por tanto, el denominador común de la práctica presuntamente corrupta a que se refieren los escándalos de corrupción antes señalados.
José Manuel Urquiza Morales, abogado, es autor de Corrupción municipal (Almuzara).
octubre 19, 2009
¿Qué hacer con los partidos?
JOSEP RAMONEDA
EL PAÍS – DOMINGO – 18-10-2009
La multiplicación de los casos de corrupción, que se extienden como verdaderas plagas, como está ocurriendo estos días en la geografía del PP; la cuestión eternamente pendiente de la financiación; la sensación de que el nivel del personal seleccionado para los altos cargos ha bajado sensiblemente en los últimos años; los lamentables espectáculos que combinan la celebración de las unanimidades con las descarnadas peleas y deslealtades entre compañeros; la bochornosa exhibición de la servidumbre voluntaria, con un verdadero pánico a cualquier forma de crítica o discrepancia interna; y la sensación generalizada de estar ante una casta con intereses corporativos, alejada de la realidad cotidiana, han generado un descontento creciente de la ciudadanía respecto de los partidos políticos. ¿Tienen remedio? ¿O habrá que pensar en otras formas organizativas?
La Constitución dice que “los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental de participación política”. ¿Cumplen estos requisitos? Sólo a medias. Las dinámicas de los partidos tienden más a frenar que a estimular la participación política. En realidad, operan mucho más como agencia de colocación de una profesión llamada política que como canal de discusión y de acción política abierto a la ciudadanía. Expresan el pluralismo político, pero la condición de cártel con la que actúan, más que estimularlo, lo restringe.
La formación y expresión de la voluntad popular se han deteriorado, con un sistema de democracia mediática que favorece el monólogo del gobernante, con las encuestas de opinión como casi única señal que viene de abajo. El complejo mediático-político, una promiscua trama de intereses, ha conseguido que no sea ningún disparate la distinción entre opinión publicada -la que emana de este complejo- y opinión pública.
Si las tareas principales de los partidos son asegurar la participación política y la representación de la ciudadanía, seleccionar el personal para los puestos de responsabilidad política, y formular y liderar propuestas de gobierno que atienden al interés general, hay que decir que en todas ellas las deficiencias son grandes.
¿Dónde están los problemas? En la propia lógica organizativa: se ha dicho que los partidos son la única herencia del leninismo que ha sobrevivido a la caída del muro de Berlín. Lo cierto es que la democracia interna es muy débil y los partidos se han convertido en máquinas de ocultación de las malas noticias, a mayor gloria del jefe. Al mismo tiempo, los sistemas de escalafón son muy rígidos, con efectos perversos como que muchos militantes llegan hasta la cima de la carrera política sin otra experiencia profesional que la vida de partido.
En las élites políticas hay una obsesión por la gobernabilidad, que se expresa en el gusto por el bipartidismo: un club privado de dos socios, los únicos que pueden alcanzar el Gobierno de España, en el que es casi imposible conseguir el derecho de admisión. Los dos gozan de tantos privilegios -económicos, mediáticos, técnicos- que sólo una debacle cainita podría apartarles de esta privilegiada posición. La misma obsesión por la gobernabilidad está en el origen de las listas cerradas, que es una vuelta de tuerca más en el control de la servidumbre.
Naturalmente, en la financiación encontramos una fuente de corrupción insaciable. Siempre se habla de la necesidad de una reforma a fondo, pero nadie la emprende. Hombres ilustres de la política han visto cómo brillantes carreras acababan salpicadas por la corrupción y, sin embargo, sigue sin hacerse nada. ¿Tan grande es el negocio? ¿Tantas son las ventajas de la opacidad que merecen tan alto precio? Si encima se extiende la peligrosa doctrina, desarrollada por la derecha, de que el voto blanquea la corrupción, la sensación de impunidad es insuperable.
Cada uno de estos problemas se podría afrontar con medidas concretas que, sin ser una gran revolución, mejorarían sensiblemente las cosas: legalización de las corrientes internas que darían más calidad a la representación, cambios en la ley electoral que desburocratizaran la política, transparencia en la financiación, obligatoriedad de unos años de experiencia profesional fuera de la política para poder gobernar, etcétera. Pero para el cártel político resulta más cómodo gobernar una sociedad que crece en indiferencia que favorecer la crítica, la participación y la dignidad de la política.
septiembre 10, 2009
Bush encabeza lista de declaraciones más absurdas
EFE. Martes 8 de septiembre de 2009.
Londres, 8 sep (EFE).- La estancia de George W. Bush en la Casa Blanca es recordada por muchas cosas, entre ellas por las frases incoherentes y sin sentido que pronunció durante su mandato y que han otorgado al ex presidente estadounidense el dudoso honor de encabezar una “lista de las declaraciones más absurdas”.
La lista ha sido realizada mediante una encuesta a través de internet por la aseguradora británica Aviva, con la participación de 4.000 personas, y tiene a siete políticos entre los diez primeros, acompañados de dos comentaristas deportivos y un futbolista.
George W. Bush es el único que aparece dos veces.
El “top ten” es el siguiente:
1.- George W. Bush, presidente de EEUU, el 5 de agosto de 2004: “nuestros enemigos son innovadores y tienen recursos, y nosotros también. No dejan de pensar nunca en nuevas maneras de hacer daño a nuestro país y a nuestra gente, y nosotros tampoco”.
2.- Arnold Schwarzenegger, gobernador de California, en la campaña electoral de 2003: “creo que el matrimonio gay debería ser entre un hombre y una mujer”.
3.- Donald Rumsfeld, secretario estadounidense de Defensa, el 12 de febrero de 2002: “las informaciones que dicen que algo no ha pasado siempre me resultan interesantes. Hay cosas que sabemos que sabemos. También hay cosas desconocidas conocidas, es decir que sabemos que hay algunas cosas que no sabemos. Pero también hay cosas desconocidas que desconocemos, las que no sabemos que no sabemos”.
4.- Murray Walker, comentarista de automovilismo: “el coche que va en cabeza es absolutamente único, excepto por el que va detrás, que es idéntico”
5.- John Motson, comentarista de fútbol: “para aquellos que estén viendo el partido en blanco y negro, los Spurs van de amarillo”.
6.- Gordon Brown, primer ministro británico, 1 de julio de 2009: “el gasto público total seguirá aumentando y será de un 0 por ciento en el periodo 2013-2014″.
7.- Bill Clinton en 1998 durante su testimonio ante el gran jurado del “caso Lewinsky”: “depende de cuál sea es el significado de la palabra ‘es’. Si ‘es’ significa ‘es y un nunca ha sido’, eso es una cosa; si significa ‘no hay ninguno’, entonces fue una declaración completamente cierta”.
8.- Eric Cantona, futbolista, en 1995: “cuando las gaviotas siguen a la barca de arrastre, es porque piensan que las sardinas van a ser arrojadas al mar”.
9.- George W. Bush, presidente estadounidense, el 22 de julio de 2001: “yo sé lo que creo. Seguiré expresando lo que creo y en lo que creo. Creo que lo que creo es lo correcto”.
10.- Boris Johnson, alcalde de Londres, en 2003: “no podría discrepar menos contigo
