POR BARACK OBAMA*

Tribune Media Services. El País. 24/03/2009.

Vivimos un periodo de retos económicos mundiales a los que no es posible hacer frente con soluciones a medias ni con los esfuerzos aislados de un solo país. Los líderes del G-20 tienen la responsabilidad de emprender una acción audaz, amplia y coordinada que no sólo ponga en marcha la recuperación, sino que lance una nueva era de compromiso económico con el fin de impedir que vuelva a producirse una crisis como ésta.

Nadie puede negar que la necesidad de actuar es urgente. La crisis crediticia y de confianza ha atravesado fronteras y tiene consecuencias en todos los rincones del planeta. Por primera vez en una generación, la economía mundial está contrayéndose y el comercio está disminuyendo. Se han perdido billones de dólares, los bancos han dejado de prestar dinero y decenas de millones de personas van a perder su trabajo en todo el mundo. Está en peligro la prosperidad de todos los países, además de la estabilidad de los Gobiernos y la supervivencia de pueblos enteros en las partes más vulnerables de la tierra.

Hemos aprendido, de una vez por todas, que el éxito de la economía estadounidense está inextricablemente unido a la economía mundial. No hay una línea que separe las acciones para restablecer el crecimiento dentro de nuestras fronteras y las acciones para conseguirlo en el resto del mundo. Si los habitantes de otros países no pueden gastar, los mercados dejan de funcionar; ya hemos presenciado la mayor caída de las exportaciones estadounidenses en casi cuatro décadas, que ha sido la causa directa de la pérdida de empleo en el país. Y, si seguimos dejando que las instituciones financieras de todo el mundo actúen de forma temeraria e irresponsable, permaneceremos atrapados en un ciclo de burbujas y estallidos. Por eso, la próxima cumbre de Londres está directamente relacionada con nuestra propia recuperación.

Mi mensaje está claro: Estados Unidos está listo para tomar la iniciativa, y vamos a pedir a nuestros socios que se unan a nosotros, con un sentido de urgencia y de propósito común.

Se han tomado muchas medidas positivas, pero queda mucho por hacer. Esa iniciativa nuestra se basa en un principio muy sencillo: vamos a actuar sin miedo para sacar a la economía estadounidense de la crisis y reformar nuestra estructura reguladora, y esas acciones se verán reforzadas por las acciones complementarias en el extranjero. Con nuestro ejemplo, Estados Unidos puede fomentar una recuperación mundial y crear confianza en todo el mundo; y si la cumbre de Londres ayuda a impulsar las acciones colectivas, podremos construir una recuperación segura y evitar crisis futuras.

Nuestros esfuerzos deben empezar con una rápida actuación para estimular el crecimiento. Estados Unidos ha aprobado ya la Ley de Recuperación y Reinversión, el esfuerzo más radical para impulsar la creación de empleo y sentar las bases del crecimiento en una generación. Otros miembros del G-20 también han propuesto estímulos fiscales, y esos esfuerzos deben ser enérgicos y sostenidos hasta que se restablezca la demanda. En el camino, debemos asumir un compromiso colectivo de estimular el libre comercio y la inversión y resistir la tentación del proteccionismo, que intensificaría la crisis.

En segundo lugar, debemos restablecer el crédito del que dependen las empresas y los consumidores. En EE UU estamos trabajando con energía para estabilizar nuestro sistema financiero. Entre otras cosas, con una valoración justa de los balances de nuestros grandes bancos, que desembocará de forma directa en préstamos capaces de ayudar a los ciudadanos a comprar bienes, conservar sus hogares y hacer crecer sus empresas. Estas medidas deben seguir desarrollándose mediante las acciones de nuestros socios del G-20.

Todos juntos, podemos adoptar un marco común que insista en la transparencia, la responsabilidad y la importancia de restablecer la circulación del crédito que constituye la savia de una economía mundial en crecimiento. Y el G-20, junto con las instituciones multilaterales, puede proporcionar una financiación comercial que ayude a reanimar las exportaciones y crear puestos de trabajo.

En tercer lugar, tenemos la obligación, por motivos económicos, morales y de seguridad, de tender la mano a los países y las personas en mayor situación de riesgo. Si les damos la espalda, nuestra propia recuperación se retrasará y el sufrimiento causado por esta crisis aumentará. El G-20 debe desplegar a toda velocidad los recursos necesarios para estabilizar los mercados emergentes, dar un impulso real a la capacidad de actuar con urgencia del Fondo Monetario Internacional y ayudar a los bancos de desarrollo regionales a acelerar los préstamos. Mientras tanto, Estados Unidos apoyará nuevas inversiones sustanciales en seguridad alimentaria para ayudar a los más pobres a sobrevivir los tiempos difíciles que se avecinan.

Ahora bien, aunque estas acciones pueden ayudarnos a salir de la crisis, no debemos conformarnos con una vuelta al statu quo. Debemos acabar con la especulación temeraria y el gasto por encima de nuestros medios; con el crédito basura, la ayuda excesiva a los bancos y la falta de supervisión que nos condena a burbujas que inevitablemente terminan estallando. La acción internacional coordinada es lo único que puede evitar una asunción de riesgos tan irresponsable como la que ha provocado esta crisis. Por eso me comprometo a aprovechar esta oportunidad para proponer unas amplias reformas de nuestro sistema regulador y supervisor.

Todas nuestras instituciones financieras -en Wall Street y en todo el mundo- necesitan una vigilancia firme y unas normas que se atengan al sentido común. Todos los mercados deben tener criterios de estabilidad y un mecanismo de transparencia. Un marco sólido de requisitos de capital debería protegernos contra futuras crisis. Debemos atacar los refugios fiscales y el blanqueo de dinero.

Los abusos deben evitarse mediante la transparencia rigurosa y la responsabilidad, y los días del descontrol tienen que acabar. En vez de unos parches que permitan conformarse con el mínimo común denominador, debemos ofrecer unos claros incentivos al buen comportamiento que fomenten una lucha por ser los mejores.

Sé que Estados Unidos tiene su parte de responsabilidad por el caos en el que nos encontramos. Pero también sé que no tenemos por qué escoger entre un capitalismo caótico e implacable y una economía dirigida por el Gobierno y opresiva. Es una alternativa falsa que no ayuda a nuestra gente ni a nadie.

Esta reunión del G-20 ofrece un foro para un nuevo tipo de cooperación económica mundial. Ha llegado la hora de trabajar todos juntos para restablecer el crecimiento sostenido que sólo puede surgir de unos mercados libres y estables, capaces de aprovechar las innovaciones, apoyar el espíritu emprendedor y ofrecer oportunidades.

Todas las naciones del mundo tienen intereses entrelazados. Estados Unidos está dispuesto a incorporarse a un esfuerzo mundial para obtener nuevos puestos de trabajo y un crecimiento sostenible. Juntos, podemos aprender las lecciones de esta crisis y labrar una prosperidad que sea duradera y segura para el siglo XXI.

*Barack Obama es presidente de Estados Unidos.

© 2009 Global Viewpoint

Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.

Los partidos políticos son irreemplazables en una democracia. Pero tienen gérmenes que pueden poner en peligro la salud del sistema. Deben combatirse con listas abiertas, limitación de mandatos y cuentas claras

JORGE M. REVERTE Y AGAPITO RAMOS

EL PAÍS  -  Opinión – 20-03-2009

Parece indiscutible un hecho: la mejor garantía para que un sistema democrático funcione en estos tiempos reside en la existencia de los partidos políticos. El engranaje de la democracia no ha encontrado mejor herramienta que esas agrupaciones de personas que se mueven en la política para proponer fórmulas diversas de administrar la cosa pública, con la referencia de su ideología y sus propuestas concretas, ligadas a momentos concretos.

Pero ese reconocimiento no significa, en absoluto, que se pueda admitir la arbitrariedad cuando falta el debido control sobre las estructuras partidarias, que pueden actuar en muchos casos como agrupaciones de intereses oligárquicos, incluso con matices corporativos, que conducen a corrupciones, a ventajismos y a una acumulación de poder que pueden llegar a poner en juego la propia salud de la democracia.

Es la corrupción la que ahora nos preocupa. Ni siquiera la corrupción de los partidos, sino la que se genera en torno a ellos. Nos podemos situar en la posición más caritativa y decir que los partidos políticos en España no son estructuras que admitan mecanismos de corrupción en su seno. Pero los partidos, que siguen teniendo el apoyo electoral suficiente para que el sistema democrático funcione en nuestro país, tienen sin embargo gérmenes en su interior que pueden desarrollarse y fomentar la corrupción y la desafección. Veamos algunos problemas todavía sin resolver de los partidos españoles.

Las listas electorales las hacen los partidos eligiendo, según el criterio del aparato, quiénes las componen. Los argumentos por los que se elige a unos y no a otros no suelen tener nada que ver ni con la representatividad social, ni con la formación, sino con el dedo de quien manda. Vemos de candidatos a alcaldes, diputados autonómicos, nacionales, a personas que es dudoso que pudiesen serlo si hubiesen tenido que ser elegidas democráticamente con criterios de mérito y capacidad. Porque se ha ido cambiando poco a poco el criterio racional y jurídico impuesto en casi toda la Europa democrática por el cual la legitimidad del elegido la da el electorado, y se va imponiendo el de que la legitimidad la da el partido que lo designa. Por lo que tanto la discusión interna como las diferencias ideológicas tienden a desaparecer. Todos acabamos diciendo amén a quien nos paga. O no diciendo nada durante años y apretando el botón del voto en el Parlamento cuando lo ordena el jefe del grupo.

Los partidos se van transformando en grandes empresas, donde conviene entrar y aprender a servir a quien corresponde para prosperar en su momento. Vemos cómo muchos militantes entran en las nóminas de los partidos (Juventudes Socialistas, Nuevas Generaciones, etcétera) desde jovencitos y a partir de ahí van trepando en el peor sentido de la palabra. Sin tener que estudiar ninguna carrera, ni aprender idiomas, ni saber recitar dos líneas sin leer una chuleta. Cuando la política se ha transformado en una profesión facilona, ejercida a través de los partidos, es muy duro marcharse, porque fuera de la política no se tiene oficio ni por tanto beneficio. Cualquiera que esté en esa situación mata por permanecer en el aparato.

Para evitar esta perversión, habría que introducir factores en las elaboraciones de las listas por los cuales el candidato elegido lo fuese por sí mismo con nombres y apellidos. Es el viejo debate entre listas abiertas y cerradas que cada vez se hace más urgente en nuestro país.

Ligado a lo anterior está la limitación de los mandatos. Es curioso observar cómo todos los ciudadanos y políticos de un signo u otro han criticado por antidemocrático el intento de Hugo Chávez de perpetuarse en el poder liquidando el límite del tiempo en su mandato presidencial. Pero nadie sugiere ni por asomo, que no estaría mal que en España se pusiese ese límite, lo que sería bueno para la alternancia, algo muy importante en el juego democrático.

La corrupción no es un fenómeno nuevo. Desde que existe la política, existe la corrupción política. Vivimos en un país en que los funcionarios, salvo raras excepciones que pocas veces han tenido entidad y significado, son decentes. En cambio, de vez en cuando nos salpican con gran repercusión mediática los escándalos de corrupciones políticas. Si creemos que la corrupción existirá siempre, pues siempre habrá gente dispuesta a dar y otra gente a recibir en interés propio, el núcleo del asunto es si la corrupción política es significativa o no. Y en España es preocupante. Eso ha estado, hasta ahora, ligado a las necesidades de ingresos extraordinarios de los partidos.

¿De qué viven los partidos? Javier Pradera lo resumía hace unas semanas en este periódico. De subvenciones por gastos electorales a todos los niveles, local, autonómico, nacional y europeo. De subvenciones anuales tendentes a financiar la actividad ordinaria. De subvenciones a grupos parlamentarios que financian los gastos de los partidos en las cámaras legislativas. De aportaciones privadas que tienen un límite. Y, cada vez menos, de aportaciones de los militantes.

La suma de todos esos ingresos es muy importante. Y nunca hemos escuchado decir a ningún representante de partidos políticos que las cantidades que perciben sean insuficientes. Como tampoco hemos conseguido que nos detallen, exactamente y con transparencia, todas sus fuentes de financiación.

Si la cantidad es suficiente, la posición de los partidos ante la corrupción debería ser de una claridad meridiana; y si no lo es, deberían explicarlo y pedir más dinero, porque los partidos son absolutamente necesarios en un sistema democrático. Y año tras año vemos cómo los partidos políticos gastan más de lo que recaudan, que no es poco. Y no entran en quiebra. ¿Por qué? Porque los Parlamentos lo permiten, y porque los bancos lo consienten. De cuando en cuando, hasta les condonan sus deudas. Los partidos se han convertido en estructuras que devoran recursos sin cuento, lo que favorece que existan corrupciones, sobre todo en los ámbitos locales, en los que es más fácil confundir el interés personal con el político.

Lo peor es que casi todos los partidos democráticos participan, cómplices entre ellos, del implícito acuerdo de no cuestionar sus sistemas de funcionamiento. Y, como apéndices de esas estructuras, los parlamentarios fijan sus propios emolumentos, sus dietas de viaje y comida, y hasta sus planes de pensiones, algunos tan escandalosos como los que disfrutan los parlamentarios europeos, que alcanzan además el derecho a la pensión máxima con tres años de dedicación mientras un trabajador normal necesita 35.

Los partidos son estructuras sin alma. Son edificios. Unos edificios habitados por gentes que pueden tener en origen un encomiable afán de servicio público, pero cuyos intereses son los de profesionales que tienen que sostener un tren de vida, y defender con uñas y dientes un puesto de trabajo para el que no es fácil encontrar repuesto. Véase, si no, la facilidad con la que un ministro, una persona que suele venir avalada por su gestión o por su sabiduría, puede dejar su puesto y volver a su actividad anterior, mientras las listas de parlamentarios se renuevan sin que nadie se acuerde de sus nombres ni sepamos qué han dicho en cuatro años. Sólo lo que han aplaudido y votado. Si se expresan de manera inconveniente les expulsará el partido, jamás el elector.

¿Para cuándo la aplicación del artículo 6 de la Constitución? Transparencia y democracia interna. Las únicas medicinas para hacer que los partidos sean instrumentos nobles de nuestra democracia. Entonces, quizá, querrán volver a la política los que hablan sin leer, los que saben inglés, los que han negociado en las fábricas convenios complejos, o los que han escrito libros de matemáticas o sociología. Sin necesidad de ser ministros.

*Jorge M. Reverte es periodista y escritor, y Agapito Ramos, abogado.